El Congreso argentino atraviesa una nueva etapa de tensión política tras la media sanción en el Senado de proyectos que buscan modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fondos provenientes del impuesto a los combustibles. Estas iniciativas, impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, apuntan a una distribución más equitativa y automática de los recursos, eliminando la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.

El presidente Javier Milei, a través de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que vetará cualquier ley que altere el actual esquema de reparto si es aprobada por la Cámara de Diputados. "Todo lo que afecte el equilibrio fiscal va a ser vetado", afirmó Francos, alineándose con la postura del Gobierno de priorizar el superávit financiero. Según estimaciones, la reforma tendría un costo fiscal de $489 mil millones y reduciría en un 20% el superávit nacional registrado en 2024.

La provincia de Buenos Aires sería la principal beneficiada, con un incremento de $67 mil millones en ATN, seguida por Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, la iniciativa ha generado un fuerte debate constitucional. Mientras el ministro Federico Sturzenegger sugirió que el Congreso podría modificar la coparticipación sin necesidad de una ley convenio, especialistas y exconvencionales constituyentes sostienen que cualquier cambio requiere el acuerdo de las provincias y la aprobación de sus legislaturas.

En Diputados, el oficialismo ha desplegado estrategias para dilatar el tratamiento de los proyectos, girándolos a comisiones que rara vez se reúnen. La oposición, por su parte, busca forzar el debate en el recinto, aunque no cuenta con los dos tercios necesarios para rechazar un eventual veto presidencial.

El trasfondo de la disputa es la histórica tensión entre Nación y provincias por la distribución de recursos y el federalismo fiscal. Los gobernadores insisten en que los fondos les pertenecen y denuncian retenciones indebidas por parte del Ejecutivo. El Gobierno, en tanto, acusa a la oposición de intentar desestabilizarlo y advierte que, de no sostenerse el veto, judicializará la cuestión.

El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, así como para la estabilidad política y fiscal del país en los próximos meses.