La Justicia federal avanza en la investigación sobre una lujosa mansión ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, que estaría vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El expediente, a cargo del juez Daniel Rafecas, se centra en la sucesión de propietarios del inmueble y en el presunto uso de testaferros para ocultar a los verdaderos beneficiarios.

Según los registros catastrales, la propiedad fue adquirida en 2017 por el exfutbolista Carlos Tevez, quien la vendió en junio de 2023 a la empresa Malte SRL, proveedora oficial de la AFA y contratada por más de 500 mil dólares para la implementación del sistema VAR. Menos de un año después, la mansión pasó a manos de Real Central SRL, controlada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, ambos señalados como presuntos testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA respectivamente.

Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reveló un crecimiento patrimonial abrupto de Real Central SRL, que pasó de activos por menos de un millón de pesos en 2021 a más de cuatro mil millones en 2024. Además, la empresa posee una flota de autos de lujo y clásicos, y es titular de varias propiedades de alto valor en Pilar. La Justicia ordenó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para Pantano y Conte, mientras la Policía Federal custodia la mansión.

La denuncia, impulsada por la Coalición Cívica, apunta a la posible utilización de sociedades como pantalla para el lavado de activos y la ocultación de bienes. El caso se conecta con otras investigaciones sobre Sur Finanzas y presuntas irregularidades en el manejo de fondos dentro del fútbol argentino.

El escándalo ha generado preocupación en el ámbito deportivo y político, mientras la AFA asegura estar colaborando con la Justicia. La causa, que involucra a varios jueces y aún no tiene tribunal definitivo, pone en jaque la imagen de la dirigencia del fútbol argentino y abre interrogantes sobre el futuro de Tapia al frente de la entidad. El desarrollo de la investigación será clave para determinar responsabilidades y eventuales sanciones en uno de los casos más resonantes de los últimos años en el deporte nacional.