La Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó al ex sacerdote Justo José Ilarraz, quien había sido condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete seminaristas menores de edad en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, Entre Ríos, entre 1985 y 1993. La decisión, basada en la prescripción del delito, generó un fuerte rechazo entre las víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que consideran que el fallo representa un retroceso en la protección de la infancia y la lucha contra el abuso sexual.

El máximo tribunal aplicó la ley penal más benigna vigente al momento de los hechos, argumentando que no se puede equiparar el abuso sexual infantil con los crímenes de lesa humanidad y que la prescripción es un límite procesal, no una declaración de inocencia. De este modo, la Corte revocó la postura del Superior Tribunal de Entre Ríos, que había declarado imprescriptibles estos delitos en función del interés superior del niño y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

El caso Ilarraz es emblemático por el encubrimiento institucional: la Iglesia Católica trasladó al sacerdote tras las primeras denuncias y el Vaticano lo expulsó recién en 2024. La sentencia de la Corte Suprema no solo afecta a este caso, sino que sienta un precedente para otras causas similares, limitando la posibilidad de denunciar abusos cometidos antes de 2015, cuando se modificaron las leyes para ampliar los plazos de prescripción.

Especialistas y legisladores advierten que la decisión puede desalentar futuras denuncias y refuerza la cultura del silencio en torno al abuso sexual infantil. La exsenadora Sigrid Kunath, autora de la Ley 27.206, cuestionó el fallo por desconocer el espíritu de la norma, que busca poner en el centro a las víctimas y sus tiempos reales para poder hablar. Por su parte, víctimas y organizaciones reclaman que el Congreso avance en la declaración de imprescriptibilidad de estos delitos para garantizar el acceso a la justicia y la reparación.

El fallo de la Corte Suprema reaviva el debate sobre los límites del sistema penal argentino y la necesidad de adaptar la legislación a la realidad de las víctimas de abuso sexual infantil, quienes muchas veces tardan años en poder denunciar. Mientras tanto, la decisión judicial es vista como un golpe a la confianza en la justicia y un mensaje desalentador para quienes aún no han podido contar su verdad.