La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo de controversia tras la presentación de un peritaje de la defensa de Cristina Kirchner que calcula el monto a decomisar en $42.494 millones, una cifra muy inferior a los $684.990 millones estimados por los peritos oficiales de la Corte Suprema. La diferencia, que supera las 16 veces, se debe a la metodología utilizada: mientras la defensa aplicó la tasa pasiva promedio del Banco Central sobre el valor de las obras adjudicadas entre 2003 y 2015, los peritos oficiales actualizaron el monto original de $85 mil millones por inflación, usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta mayo de 2025.

El Tribunal Oral Federal 2 deberá decidir en los próximos días qué método de actualización tomará como válido para intimar a los condenados, entre ellos la ex presidenta, a devolver el dinero. Si no cumplen con el pago en un plazo de 10 días hábiles, se procederá al remate de sus bienes hasta cubrir la suma establecida.

La defensa de Cristina Kirchner, a través del perito José Lucas Gaincerain, argumentó que el cálculo oficial está sobredimensionado y que la metodología de la Corte no refleja la verdadera evolución del valor del dinero. "Utilizar herramientas que miden precios de productos específicos puede generar rentabilidades artificiales que no corresponden a la realidad financiera", sostuvo el perito en su informe.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al tribunal que se mantengan y actualicen todas las medidas cautelares sobre los bienes de los condenados, para evitar maniobras que dificulten el decomiso. El pedido se intensificó tras detectar intentos de movimientos patrimoniales, como la visita de la pareja de Lázaro Báez a la cárcel para firmar documentos vinculados a propiedades.

El caso Vialidad, que llevó a la condena de Cristina Kirchner y otros funcionarios por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. La decisión sobre el monto final a decomisar podría abrir una nueva etapa de litigios y debates en torno a la actualización de cifras en causas de corrupción.