La reciente renovación de un contrato entre la Cancillería argentina y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desató una fuerte polémica política. El acuerdo, por un monto de $114 millones, prevé la capacitación en idioma inglés de 132 agentes diplomáticos entre marzo y noviembre de 2026.

El procedimiento administrativo incluyó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), así como la firma de un Pacto de Integridad, debido al vínculo familiar entre Rouillet y Sturzenegger. Según fuentes oficiales, la contratación se realizó bajo la modalidad de adjudicación simple por especialidad y representa la continuidad de un servicio que la AACI presta a la Cancillería desde 2018.

El canciller Pablo Quirno defendió públicamente la legalidad y transparencia del proceso. "No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario. Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo", expresó Quirno en redes sociales.

Sin embargo, la senadora nacional Juliana Di Tullio (PJ) anunció que presentará una denuncia formal ante los tribunales federales de Comodoro Py, argumentando que la contratación es "irregular" y representa un posible conflicto de intereses. "La familia de Sturzenegger capaz que es la única que tiene la 'especialidad' de hablar inglés, digamos todo", ironizó la legisladora, quien prometió avanzar con la denuncia.

Desde el Gobierno, se subraya que el monto del contrato es similar al acordado en 2018, actualizado por inflación, y que todos los pasos legales fueron cumplidos. Funcionarios oficialistas atribuyen la controversia a una "operación" política en el marco de las reformas impulsadas por Sturzenegger.

El caso pone en el centro del debate la transparencia en la gestión pública y la aplicación de mecanismos de control ante posibles conflictos de interés, en un contexto de alta polarización política y reformas estatales en Argentina.