Intendentes de todo el país renovaron sus reclamos al gobierno nacional por una distribución más equitativa de los recursos fiscales, en el marco de una reunión del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) realizada en Paraná. El encuentro contó con la participación de jefes comunales de 22 ciudades de 16 provincias, quienes difundieron un comunicado conjunto para visibilizar la grave situación que atraviesan los gobiernos locales debido a la merma sostenida de ingresos y el aumento de las demandas sociales y de infraestructura.

Según el documento, los municipios deben responder a una creciente demanda con menos recursos, en medio de una crisis que afecta a familias, trabajadores y pymes. Los intendentes denunciaron que la Nación retuvo $120.000 millones en 2025 que correspondían a provincias y municipios, y que la coparticipación federal cayó más de un 10% en términos reales en los primeros meses de 2026. En el caso de Rosario, solo retorna el 7% de lo recaudado por IVA, Ganancias e Impuestos a los Combustibles.

El comunicado sostiene que los municipios se están haciendo cargo de funciones que antes correspondían a la Nación, como la provisión de medicamentos oncológicos, el mantenimiento de la infraestructura vial y la atención social. Además, se cuestiona la discrecionalidad en la distribución de fondos como los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y se reclama que sean coparticipables.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a los reclamos señalando que algunas tasas municipales "no corresponden por ley" y que impactan en los precios al consumidor. Esta postura generó tensión con los intendentes, quienes insisten en la necesidad de una reforma fiscal y un federalismo más equitativo.

El contexto de crisis económica, caída de la recaudación y aumento de la demanda social profundiza el debate sobre el federalismo fiscal en Argentina. Los intendentes, de distintos signos políticos, coinciden en que el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. El reclamo se suma al de los gobernadores, en busca de una mayor participación en los recursos nacionales y una reforma estructural del esquema impositivo.