Empresarios y especialistas reunidos en el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata coincidieron en la urgencia de una reforma impositiva que permita mejorar la competitividad y el desarrollo económico en Argentina. Durante los paneles, referentes del sector privado y del tercer sector advirtieron sobre el impacto negativo de la presión fiscal y la evasión, que según estimaciones, alcanza niveles récord en el país.

Nicolás Braun, director de IDEA y gerente general de Supermercados La Anónima, fue uno de los más críticos al señalar que la evasión en el comercio llega al 60% y que el Estado debe "ponerse los pantalones" para combatirla. "El superávit fiscal no se ve reflejado en una baja de impuestos. Llegó el momento en que el Estado mejore la fiscalización", afirmó. Braun también destacó que la presión impositiva en el sector comercial es del 50%, mientras que la rentabilidad es mínima, lo que ha frenado la expansión de las grandes cadenas y favorecido el crecimiento de canales informales.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, y Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina, coincidieron en que los impuestos distorsivos afectan tanto a la competitividad como a los precios finales que paga el consumidor. Cavallari detalló que en el caso de los combustibles, hasta el 45% del precio corresponde a impuestos, y advirtió sobre la proliferación de tasas municipales que, en algunos casos, llegan a ocho por refinería.

El economista Matías Surt, socio-director de Invecq, explicó que la presión fiscal argentina es 8 puntos superior a la media regional y que la evasión eleva la carga real sobre quienes cumplen con sus obligaciones. Surt subrayó que la estructura tributaria compleja y la existencia de más de 150 tributos dificultan la inversión y el desarrollo productivo.

Por su parte, Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, remarcó la importancia de la Ley de Transparencia Fiscal, que obliga a discriminar los impuestos en los precios, aunque solo dos provincias han adherido plenamente. Olivero Vila llamó a la sociedad civil a exigir mayor transparencia y control sobre la recaudación y el gasto público.

El Gobierno, representado por el ministro de Economía Luis Caputo, prometió una segunda etapa de reformas que incluirá la simplificación y reducción de impuestos, pero el sector privado mantiene sus reclamos y advierte que la competitividad y la inversión seguirán en riesgo si no se concretan cambios estructurales.