El viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al presidente Javier Milei a Nueva York para la "Argentina Week" generó una fuerte controversia política y judicial en Argentina. La polémica surgió cuando se conoció que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, integró la comitiva oficial y viajó en el avión presidencial, pese a no ser funcionaria pública.

La fiscal federal Alejandra Mángano activó una investigación por presunta malversación de fondos públicos, solicitando a la Secretaría General de la Presidencia la lista de pasajeros y las normativas vigentes sobre el uso de aeronaves oficiales. La denuncia, impulsada por la diputada Marcela Pagano, sostiene que la presencia de Angeletti contradice una reciente reforma que limita estrictamente la composición de las comitivas oficiales y exige justificación explícita para cada integrante adicional.

Desde el Gobierno, se argumenta que la normativa permite al presidente decidir quiénes integran la delegación oficial. Adorni, por su parte, explicó que su esposa había adquirido un pasaje propio, pero que fue invitada a sumarse a la comitiva por un cambio de agenda. El presidente Milei defendió públicamente a su jefe de Gabinete, aludiendo al concepto de "costo marginal" para minimizar el impacto económico del viaje.

El caso se agravó con la aparición de denuncias penales y pedidos de informes en el Congreso, así como con la apertura de una investigación preliminar por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Además, se investiga un viaje privado de Adorni a Punta del Este, por el que también se cuestiona el origen de los fondos utilizados.

En medio de la controversia, circuló en redes sociales una imagen falsa de Adorni y su esposa en una tienda de lujo en Nueva York, la cual fue desmentida por el propio funcionario y verificada como generada por inteligencia artificial.

El episodio reaviva el debate sobre el uso de bienes públicos por parte de funcionarios y familiares, un tema recurrente en la política argentina. La investigación judicial continúa y podría derivar en sanciones administrativas o penales, mientras el Gobierno busca minimizar el impacto político del escándalo.