Una investigación internacional reveló que una red de origen ruso, conocida como “La Compañía”, habría financiado la publicación de al menos 250 artículos críticos contra el gobierno de Javier Milei en más de 20 medios argentinos, entre junio y octubre de 2024. Según los documentos filtrados y analizados por un consorcio de periodistas, la operación habría contado con un presupuesto de 283.000 dólares, destinados a influir en la opinión pública y desacreditar la gestión de La Libertad Avanza, así como la postura argentina respecto a Ucrania.

La noticia, que fue anticipada por la organización FOPEA en enero de 2026, señala que la campaña incluyó pagos en criptomonedas a comunicadores y usuarios de redes sociales para difundir contenido político guionado desde el exterior. El informe de FOPEA, respaldado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, documentó intentos de manipulación digital y la circulación de videos falsos, como un deep fake que buscaba asociar críticas a Milei con la posición rusa en el conflicto ucraniano.

Tras la difusión de la investigación, la Secretaría de Inteligencia del Estado recordó que el caso ya había sido detectado y judicializado en octubre de 2025. Los presuntos líderes de la red, Lev Andriashvili e Irina Yakovenko, abandonaron el país tras ser identificados, pero regresaron meses después. Ambos niegan cualquier vínculo con la operación y rechazan las acusaciones por falta de pruebas.

El escándalo tuvo un fuerte impacto en la agenda política y mediática. El gobierno de Milei aprovechó la situación para intensificar sus críticas a la prensa, utilizando el lema “No odiamos lo suficiente a los periodistas” y desplazando de la discusión pública el caso Adorni, jefe de Gabinete envuelto en polémicas por viajes y créditos. Esta estrategia fue interpretada como un intento de cambiar el foco de atención y consolidar la ofensiva oficialista contra los medios críticos.

Organizaciones como FOPEA y sectores de la oposición han pedido transparencia y rechazan cualquier forma de violencia o estigmatización hacia el periodismo. El caso reaviva el debate sobre la influencia extranjera en la política argentina y la necesidad de fortalecer la libertad de prensa y la integridad informativa en el país.