El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, con el objetivo de aclarar y modificar aspectos clave de la normativa vigente. Según fuentes oficiales, la iniciativa busca garantizar la seguridad jurídica, fortalecer el federalismo y promover el uso racional de los recursos naturales, especialmente en el contexto de grandes inversiones mineras en la cordillera argentina.

El proyecto otorga a las provincias un rol preponderante en la determinación de qué glaciares y ambientes periglaciares cumplen funciones hídricas relevantes, permitiéndoles modificar el Inventario Nacional de Glaciares y decidir sobre la protección de estos ecosistemas. "El objeto protegido sigue siendo el mismo, pero se aclara que la protección se centra en las áreas que cumplen funciones hídricas", explicaron desde la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Además, los proyectos mineros que ya cuentan con Declaración de Impacto Ambiental no deberán tramitarla nuevamente.

Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y ONG, como FARN y Greenpeace, que consideran la reforma inconstitucional y regresiva. "La modificación reduce la protección de los glaciares y el ambiente periglacial para favorecer al sector minero", advirtió FARN, señalando que la iniciativa pone en riesgo recursos estratégicos de agua dulce y la regulación de cuencas hídricas. Greenpeace, por su parte, alertó que la reforma subordina la conservación de los glaciares a evaluaciones discrecionales y traslada a las provincias la definición efectiva de lo que está protegido.

El debate se enmarca en una larga historia de tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental en Argentina. La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras intensos debates y vetos presidenciales, fue ratificada por la Corte Suprema en 2019, que destacó la necesidad de una tutela ambiental común para todo el país. Argentina posee 5.800 km² de glaciares, fundamentales para el abastecimiento de agua y la regulación de cuencas, en un contexto de creciente presión minera y crisis climática global.

El proyecto será debatido en sesiones extraordinarias del Congreso, donde se anticipa una fuerte confrontación entre sectores productivos y ambientalistas. El resultado de esta discusión será determinante para el futuro de la protección de los glaciares y el modelo de desarrollo del país.