El proyecto minero Vicuña, impulsado por las empresas BHP y Lundin Mining, dio un paso clave al solicitar su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), según anunciaron autoridades nacionales y representantes de la compañía. La iniciativa, que se desarrollará en la provincia de San Juan, contempla la explotación de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, y representa la mayor inversión extranjera directa minera en la historia de Argentina.

De acuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo, la inversión inicial comprometida asciende a al menos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años desde la aprobación del régimen. "BHP y Lundin Mining acaban de aplicar al RIGI para su proyecto Vicuña, que es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país", afirmó Caputo en sus redes sociales.

El proyecto se inscribe bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) del RIGI, lo que otorga beneficios fiscales y regulatorios extendidos, incluyendo estabilidad por 40 años y exenciones impositivas. Según Ron Hochstein, CEO de Vicuña, "nuestra solicitud al RIGI refleja tanto la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña como nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo".

El consorcio prevé que el informe técnico definitivo, que precisará el monto total de la inversión, se presentará en el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, la empresa ya ha invertido sumas significativas y planea acelerar los desembolsos una vez obtenida la aprobación oficial. El desarrollo de Vicuña apunta a dinamizar la economía local, generar empleo y fortalecer la cadena de valor minera en San Juan.

El contexto internacional favorece la iniciativa: el precio del cobre alcanzó máximos históricos en 2025, y la demanda global sigue en aumento, especialmente por la transición hacia energías renovables. El gobierno nacional, por su parte, impulsa cambios en la Ley de Glaciares para destrabar inversiones millonarias y dar mayor autonomía a las provincias en la aprobación de proyectos mineros.

No obstante, la propuesta ha generado preocupación en organizaciones ambientalistas, que advierten sobre los riesgos de flexibilizar la normativa vigente. El debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental se mantiene abierto, mientras Argentina busca consolidarse como un actor relevante en la industria minera global.