El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional dos medidas orientadas a reforzar la disciplina fiscal en Argentina: la prohibición de que el Tesoro financie el gasto primario mediante emisión monetaria y el envío al Congreso de un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos deficitarios. Estas iniciativas buscan institucionalizar el equilibrio fiscal y responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condiciona sus acuerdos a la obtención de superávit y reformas estructurales.

El anuncio generó reacciones inmediatas en el ámbito económico y político. Martín Redrado, expresidente del Banco Central, celebró la formalización de la disciplina fiscal y la independencia del Banco Central, aunque advirtió que estas medidas, si bien necesarias, no son suficientes para garantizar el crecimiento económico inclusivo. Redrado subrayó la importancia de avanzar en la generación de empleo registrado y la atracción de inversiones, señalando que la reducción de impuestos al trabajo podría estimular el consumo sin generar inflación.

Por otro lado, Alejandro Vanoli, también expresidente del Banco Central, criticó el enfoque exclusivo en el ajuste fiscal y la falta de generación de dólares genuinos. Vanoli sostuvo que el superávit primario actual se logró mediante una represión inédita del gasto público, lo que podría tener consecuencias negativas a futuro, como la desinversión en infraestructura y riesgos para la salud. Además, cuestionó la sostenibilidad de las medidas y la transparencia de las cifras oficiales, señalando la ausencia de un presupuesto aprobado como un obstáculo para el control parlamentario.

El constitucionalista Diego Armesto analizó la viabilidad legal de las propuestas presidenciales, advirtiendo que penalizar a legisladores por aprobar presupuestos deficitarios sería incompatible con el sistema republicano y los frenos y contrapesos institucionales. Armesto recordó que la prohibición de financiar el gasto primario con emisión monetaria ya está contemplada en la legislación vigente, aunque su cumplimiento ha sido irregular.

En el sector empresarial, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios expresó su apoyo a la disciplina fiscal, pero reclamó una evaluación integral de los proyectos de ley, considerando tanto los beneficios como los costos directos e indirectos. Otros dirigentes empresariales coincidieron en la necesidad de reformas laborales e impositivas para estimular el crecimiento y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El debate sobre el gasto público, los subsidios y los privilegios atraviesa la política argentina desde hace décadas, y la falta de presupuesto aprobado dificulta la transparencia y el control parlamentario. El Gobierno deberá presentar en septiembre un proyecto de Presupuesto 2026 que refuerce su disciplina fiscal y, en diciembre, avanzar en la reforma impositiva y la revisión del sistema previsional, en línea con las exigencias del FMI. Las próximas elecciones y la composición del Congreso serán determinantes para la viabilidad de estas reformas y el futuro económico del país.