Un contrato millonario para el suministro de tobilleras electrónicas en Argentina ha desatado una controversia que involucra denuncias de irregularidades y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. La empresa Surely S.A., vinculada al empresario Mario Montoto, se perfila como la principal beneficiaria de este acuerdo, que abarca servicios para los ministerios de Seguridad y Justicia.

El contrato, valorado en más de 110 millones de dólares, establece un costo de 20,25 dólares por día por cada tobillera, un monto que supera ampliamente el promedio internacional, que oscila entre 4 y 7 dólares diarios. Este hecho ha generado críticas de empresas internacionales, como la brasileña Synergye, que han señalado la existencia de barreras de entrada y prácticas anticompetitivas en el proceso de licitación.

"Los pliegos de estas licitaciones están dirigidos a la empresa que actualmente presta el servicio en el país, Surely S.A., lo que impide la competencia", afirmó Daniela Silva, representante de Synergye. La empresa presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, argumentando que las garantías exigidas para participar eran excesivas y limitaban la participación de otros oferentes.

Además, se ha cuestionado la tecnología ofrecida por Surely S.A., considerada obsoleta por no incluir GPS integrado en las tobilleras. En su lugar, el dispositivo utiliza radiofrecuencia para transmitir datos a un aparato similar a un teléfono, que luego envía la información a la plataforma de monitoreo.

La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, también se sumó a las críticas, señalando que Surely S.A. ha ganado licitaciones similares desde 2002, lo que podría indicar prácticas exclusorias. Frade solicitó medidas urgentes para investigar las irregularidades y garantizar la competencia en futuras contrataciones.

Por su parte, fuentes gubernamentales justificaron la falta de ofertas por parte de otras empresas, argumentando que no mostraron interés en invertir en el país. Sin embargo, esta explicación ha sido rechazada por las empresas denunciantes, que aseguran que los requisitos de los pliegos estaban diseñados para favorecer a Surely S.A.

El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de mayor transparencia en las contrataciones públicas y ha generado preocupación sobre el impacto económico de estos contratos en un contexto de crisis financiera. Mientras tanto, se espera que las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y otros organismos judiciales arrojen luz sobre las irregularidades señaladas.