La Justicia federal argentina avanza en una investigación por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito que involucra a ex y actuales funcionarios del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la empresa estatal ARSAT. El caso cobró notoriedad tras la detención de Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular de ORSNA, luego de que allanamientos en sus domicilios de Buenos Aires y Mendoza permitieran el secuestro de más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas y sofisticados equipos de espionaje.

La investigación, impulsada por el fiscal federal Ramiro González y el juez Lino Mirabelli, se centra en la posible existencia de un esquema de administración irregular de fondos públicos, adjudicación direccionada de contratos y un incremento patrimonial injustificado de los funcionarios involucrados. Entre los principales imputados figuran, además de Leal, la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz, la vicepresidenta Lucila Belén Pagani y Facundo Gaitán, designado como “controller” del organismo.

Según fuentes judiciales, la pesquisa incluye el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los implicados, la inhibición general de bienes y la revisión de sus declaraciones juradas patrimoniales. Se investiga si la adjudicación de obras y servicios a empresas específicas, como ALS y varias constructoras, se realizó mediante simulación de competencia y concentración de contratos, evitando licitaciones públicas.

Durante los procedimientos, la Policía Federal incautó dinero en efectivo, drogas, dispositivos de inteligencia y documentación relevante. En el departamento de Palermo de Leal se hallaron cerca de 650.000 dólares y diversas drogas, mientras que en Mendoza se encontraron 1,7 millones de dólares. Además, se secuestraron dispositivos de espionaje y documentación que podría ser clave para la causa.

El caso se originó a partir de denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano y por directivos actuales de ARSAT, quienes detectaron irregularidades en la contratación de servicios y en la gestión de fondos públicos. La Justicia también solicitó informes a organismos de control como la SIGEN y la AGN, y extendió la investigación a otras empresas y funcionarios vinculados.

La situación judicial de los implicados se agrava a medida que avanzan las pesquisas y se profundiza el análisis de su patrimonio. El caso ha generado un fuerte impacto político y mediático, reavivando el debate sobre la transparencia y el control en la administración pública argentina. Se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas judiciales y se amplíe el alcance de la investigación.