El Gobierno nacional avanzó con la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, licitando más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en los tramos Sur y Pampa. El proceso, anunciado oficialmente y publicado en el Boletín Oficial, implica la concesión de rutas clave como la 3, 205, 226 y la autopista Ezeiza-Cañuelas, así como la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, La Pampa.

Según los pliegos, solo 72 kilómetros de los 1.800 licitados serán de nueva autopista, mientras que el resto de las obras se centrarán en repavimentación, mantenimiento y mejoras puntuales. El esquema establece que las empresas privadas que resulten adjudicatarias podrán comenzar a cobrar peajes —con un tope de $4.000 cada 100 kilómetros— únicamente después de cumplir con las obras iniciales exigidas, como la rehabilitación de pavimento y la instalación de señalización y luminarias. Para la autopista Ezeiza-Cañuelas, el valor máximo del peaje será de $2.000.

En el Tramo Sur, las obras incluyen la construcción de la Autopista San Miguel del Monte-Las Flores y mejoras en la RN 226, como la construcción de una pasarela peatonal en Sierra de los Padres, una colectora y la semaforización del tramo urbano de Tandil. Sin embargo, organizaciones como Estrellas Amarillas han criticado la eliminación de proyectos de rutas seguras y la flexibilización de plazos para obras de seguridad vial, señalando que algunas intervenciones se realizarán recién en el segundo o tercer año de concesión.

En el Tramo Pampa, sobre la RN 5, las obras se limitarán a la repavimentación y mejora de accesos, sin contemplar la construcción de autopistas ni la ampliación de carriles, a pesar del intenso tránsito de camiones hacia Vaca Muerta. El contrato de concesión tendrá una duración de 20 años, con actualizaciones automáticas de tarifas una vez cumplidas las etapas de obra.

El Gobierno sostiene que este modelo busca reemplazar un sistema deficitario por uno basado en la inversión privada, con mayor transparencia y competitividad. Sin embargo, usuarios y ONGs expresan preocupación por el aumento de peajes y la falta de obras estructurales, mientras que expertos advierten que el éxito del esquema dependerá del control estatal y el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por los concesionarios. El proceso marca el inicio de una nueva etapa en la política de infraestructura vial, en un contexto de deterioro de la red nacional y necesidad de inversiones urgentes.