Miguel Ángel Calvete, empresario y exfuncionario, permanece detenido en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza tras ser condenado a cuatro años de prisión por facilitar la prostitución y enfrentar una investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La detención se produjo el 9 de octubre de 2025, cuando la Policía allanó su domicilio en San Telmo, Buenos Aires, en el marco de la causa ANDIS. Durante el procedimiento, se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante, así como una suma cercana a 700 mil dólares en la casa de su hija, Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía.

La condena por explotación sexual, dictada en 2019 y confirmada por la Corte Suprema en 2025, incluyó a su hermano Alejandro y a Ramiro Martín Rius, exempleado judicial. Según la sentencia, Calvete facilitaba propiedades para el ejercicio de la prostitución bajo condiciones económicas abusivas, estableciendo un sistema de control y recaudación sobre las víctimas. "La organización asignaba a las víctimas departamentos donde vivían y ejercían la prostitución, bajo condiciones económicas abusivas", señala el fallo judicial.

En paralelo, la investigación por corrupción en ANDIS lo señala como nexo entre droguerías y funcionarios, facilitando compras con sobreprecios y presuntos sobornos. El fiscal Franco Picardi lo describe como un "director paraestatal" que, sin cargo formal, impartía órdenes y gestionaba pagos a proveedores. Chats y registros muestran su influencia en la adjudicación de contratos y la aceleración de pagos dentro del organismo.

El caso ha generado fuerte repercusión política y mediática, evidenciando la superposición de delitos sexuales y corrupción administrativa. Calvete y otros imputados han evitado declarar ante la Justicia, mientras la investigación continúa sobre su entorno familiar y laboral. La vivienda de San Telmo, epicentro de reuniones clave, habría pertenecido previamente a figuras políticas, sumando un elemento de interés al caso.

La situación de Calvete pone en relieve la necesidad de mayor transparencia y control en la gestión pública, así como la urgencia de abordar la explotación sexual y la corrupción de manera integral. El avance de las causas judiciales determinará las consecuencias legales y políticas para los involucrados.