El diputado nacional Emiliano Estrada, perteneciente a La Cámpora y electo por la provincia de Salta, fue imputado por los delitos de peculado, abuso de autoridad e intimidación pública. La acusación sostiene que Estrada habría utilizado fondos públicos provenientes del Congreso de la Nación para financiar campañas de difamación en redes sociales, dirigidas principalmente contra el gobernador salteño Gustavo Sáenz, así como contra empresarios y periodistas.

La investigación, a cargo del fiscal federal Carlos Amad, se centra en la presunta organización y distribución de tareas entre asesores legislativos, quienes habrían recibido instrucciones directas de Estrada para crear y viralizar contenido difamatorio en plataformas como TikTok. Los ex empleados Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand admitieron su participación y accedieron a un juicio abreviado, recibiendo condenas condicionales e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según sus declaraciones, consideraban estas actividades como parte de sus responsabilidades laborales y no advirtieron su carácter ilícito.

El proceso judicial se vio marcado por la ausencia de Estrada en una audiencia clave, lo que motivó al fiscal Amad a solicitar su desafuero ante la Cámara de Diputados. "El pedido de desafuero contra Estrada estará basado en violaciones a la Ley de Ética Pública por abuso de autoridad y peculado de servicios", explicó el fiscal tras la audiencia. La jueza federal Mariela Giménez resolvió que la causa permanezca en el Juzgado Federal N°2 de Salta, rechazando los pedidos de traslado a Buenos Aires presentados por otros magistrados.

La defensa de Estrada anunció que apelará la medida y solicitó una nueva audiencia para revisar la decisión. Mientras tanto, el futuro político y judicial del diputado queda supeditado a la resolución de la Cámara de Diputados y a la continuidad del proceso en la justicia salteña. El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el uso indebido de fondos públicos y la proliferación de campañas de desinformación en la política argentina, poniendo en el centro del debate la responsabilidad ética de los funcionarios y el control sobre los recursos estatales.