La muerte de un anestesista de 31 años en el barrio de Palermo, Buenos Aires, ocurrida el 20 de febrero de 2026, destapó una compleja red de robo y consumo recreativo de anestésicos hospitalarios, generando alarma en el sistema de salud argentino. El médico, identificado como Alejandro Zalazar, fue hallado sin vida en su departamento, con una vía intravenosa conectada y restos de propofol y fentanilo, drogas de uso exclusivo en hospitales.

La investigación judicial, iniciada tras el hallazgo, identificó que los medicamentos provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. Dos profesionales de esa institución, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, fueron señalados como presuntos responsables del robo y distribución de los fármacos. Ambos fueron apartados de sus cargos y sometidos a indagatoria judicial. La autopsia confirmó que Zalazar falleció por sobredosis de propofol y fentanilo.

El caso reveló la existencia de fiestas privadas, conocidas como "Propo fest", donde anestesistas y residentes de distintos hospitales consumían estos medicamentos fuera del ámbito médico. Según fuentes judiciales, los fármacos eran administrados mediante bombas de infusión y existía un protocolo improvisado para asistir a quienes sufrían complicaciones.

La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, que figura como denunciante en la causa, negó cualquier intento de encubrimiento y aseguró haber colaborado plenamente con la Justicia. Durante los allanamientos, la policía secuestró documentación, insumos médicos y dispositivos electrónicos.

El director del Hospital Fernández, Carlos Damin, advirtió sobre los graves riesgos del consumo de anestésicos fuera del control médico y señaló el alto nivel de estrés que enfrentan los profesionales de la salud. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en el manejo de medicamentos hospitalarios y la salud mental de los médicos, así como la necesidad de reforzar los controles internos para prevenir hechos similares en el futuro.