El Gobierno argentino ha oficializado la fecha de las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre de 2025. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante los decretos 335/2025 y 336/2025, que también establecen la creación del Comando General Electoral, un organismo encargado de garantizar la seguridad durante todo el proceso electoral.

En estas elecciones, se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, correspondientes a varias provincias, incluidas Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A diferencia de años anteriores, no se realizarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una decisión que ha generado debates en el ámbito político.

El Comando General Electoral, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, tendrá la responsabilidad de coordinar y ejecutar las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de los comicios. Entre sus funciones se incluyen la vigilancia de los locales de votación, la custodia de las urnas y la documentación electoral, así como la supervisión del transporte de estos materiales hasta la finalización del escrutinio definitivo. Además, el comando estará facultado para actuar en caso de recursos judiciales posteriores al proceso electoral.

La movilización de efectivos de seguridad comenzará 55 días antes de las elecciones, coincidiendo con la audiencia para la aprobación de la Boleta Única de Papel, y se extenderá hasta la conclusión del escrutinio definitivo. Este sistema de votación, que será implementado por primera vez a nivel nacional, busca simplificar y transparentar el proceso electoral.

El anuncio se produce en un contexto político marcado por la fragmentación de los principales partidos y el ascenso de nuevas fuerzas políticas. Mientras el oficialismo resalta la importancia de garantizar un proceso electoral seguro y transparente, sectores de la oposición han expresado su preocupación por la suspensión de las PASO, argumentando que podría limitar la participación ciudadana.

En conclusión, el Gobierno busca asegurar un proceso electoral ordenado y confiable mediante la implementación de nuevas medidas de seguridad y cambios en el sistema de votación. Sin embargo, estas decisiones no están exentas de controversias y serán objeto de análisis en los próximos meses.