La dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una grave denuncia por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, que involucra directamente a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y a allegados de la cúpula del fútbol nacional. La investigación, impulsada por la Coalición Cívica, se centra en la adquisición de una mansión en Pilar, valuada en cifras millonarias, y la posesión de más de 120 autos de lujo, todos a nombre de una empresa vinculada a una jubilada y su hijo monotributista, quienes no cuentan con antecedentes económicos que justifiquen semejante patrimonio.

Según la denuncia, la empresa Real Central SRL, creada en 2021 con un capital inicial de apenas $300.000, experimentó un crecimiento patrimonial súbito e inexplicable. La propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, cuenta con helipuerto, caballerizas y una colección de vehículos de alta gama, lo que ha despertado sospechas entre los vecinos y las autoridades. "Nos sorprendió ver la majestuosidad, la opulencia. Es indescriptible", afirmó Matías Yofe, presidente de la Coalición Cívica de Pilar, quien además señaló que la jubilada recibía asignaciones familiares durante la pandemia.

La justicia investiga si los fondos utilizados para la compra de estos bienes provienen de recursos que deberían haber sido destinados a los clubes de fútbol, muchos de los cuales se encuentran desfinanciados y con infraestructura deteriorada. El caso también involucra a Sur Finanzas, una empresa ligada a Tapia, acusada de evasión por más de 818.000 millones de pesos y de operar con empresas fantasma y monotributistas que movilizaron sumas millonarias.

El expediente judicial, actualmente bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas, ha generado una disputa de competencia con el fuero penal económico. Mientras tanto, se han ordenado medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados y la elaboración de perfiles patrimoniales. Sin embargo, los denunciantes critican la falta de avances concretos y la posible intervención de jueces ligados al Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que plantea un serio conflicto de interés.

Vecinos de la zona han manifestado su preocupación por la rápida construcción de la mansión y el despliegue de seguridad privada, mientras que dirigentes políticos exigen un allanamiento urgente y mayor transparencia en la gestión de fondos del fútbol argentino. El caso, que se suma a otros escándalos de corrupción y evasión fiscal en el país, pone en tela de juicio la transparencia institucional y el destino de los recursos de los clubes.

A medida que la investigación avanza, se espera que la justicia defina la competencia y profundice en el análisis de los bienes y las conexiones entre los involucrados, en un proceso que podría tener implicancias significativas para el fútbol argentino y sus instituciones.