El Gobierno argentino enfrenta una instancia crítica en el prolongado juicio por la expropiación de YPF, luego de que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazara la solicitud de suspender la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford y Eton Park. Esta decisión, que ratifica la sentencia de primera instancia por USD 16.100 millones, impone al Estado argentino la obligación de entregar los títulos antes del 17 de julio, bajo amenaza de ser declarado en desacato si no cumple con el fallo.

La jueza Preska fundamentó su negativa señalando que la Argentina ha abusado de las concesiones del tribunal y ha eludido sus obligaciones, recordando que el Estado no presentó las garantías requeridas para evitar embargos. El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, aseguró que el Gobierno agotará todas las instancias judiciales y ya presentó una apelación ante la Cámara de Apelaciones, solicitando una suspensión temporal de la medida hasta que se resuelva el recurso.

En paralelo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia se presentará ante la corte estadounidense para solicitar el levantamiento del embargo sobre las acciones que le corresponden, argumentando que las provincias productoras no son parte demandada ni condenada en el juicio. Esta postura se suma a la preocupación de otras jurisdicciones que también poseen participación accionaria en YPF.

El caso, que se originó tras la expropiación de YPF en 2012, ha generado tensiones políticas y económicas, afectando la reputación internacional de Argentina y su capacidad para atraer inversiones. Mientras tanto, los fondos beneficiarios del fallo presionan para ejecutar la sentencia y abrir una etapa de negociación con el Gobierno argentino. Analistas advierten que un eventual desacato podría complicar aún más la situación financiera y diplomática del país.

El desenlace de este litigio dependerá de la respuesta de la Cámara de Apelaciones, que aún no tiene fecha definida para pronunciarse. El Gobierno argentino insiste en que la sentencia no está firme y confía en revertir o al menos postergar la entrega de las acciones, mientras se multiplican las gestiones diplomáticas y legales para evitar un desenlace adverso.