El Gobierno nacional anunció que sancionará a la empresa Fate por incumplir el pago de salarios a sus trabajadores durante el período de conciliación obligatoria, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La medida, comunicada por el Ministerio de Capital Humano, implica la apertura de un sumario y la aplicación de una multa que podría oscilar entre el 50% y el 2000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

La decisión se produce luego de que Fate no abonara los sueldos correspondientes a la segunda quincena de febrero, mientras la planta de San Fernando permanece ocupada por empleados tras el anuncio de cierre definitivo de la empresa. Según fuentes de la compañía, el pago de salarios se realiza contra la prestación efectiva de tareas, y la ocupación de la planta impide el normal desarrollo de la actividad. No obstante, la empresa ofreció adelantos que no fueron aceptados por los trabajadores.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo resolvió prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria, que vencía el 11 de marzo, con el objetivo de sostener el diálogo entre las partes y evitar una escalada del conflicto. El Gobierno enfatizó que la medida busca preservar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

El conflicto se intensificó tras el anuncio de cierre de Fate, que afecta a 920 empleados y a una amplia cadena de proveedores. El sindicato SUTNA impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar de utilidad pública la producción de la planta y que la provincia asuma temporalmente su gestión, con el fin de preservar los puestos de trabajo y el funcionamiento del sistema logístico nacional.

En el plano político, el presidente Javier Milei criticó duramente al dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, acusándolo de prácticas empresariales perjudiciales y de haber utilizado el cierre de la empresa como presión en el contexto de la reforma laboral. El conflicto, que involucra a trabajadores, empresa, gobierno nacional y provincial, sigue abierto y su resolución dependerá de las próximas negociaciones y eventuales intervenciones estatales.