El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una grave denuncia penal por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas, presentada por una empleada del Concejo Deliberante local. La acusación, radicada a fines de febrero, sostiene que los episodios de acoso comenzaron en julio de 2025 y culminaron en un presunto abuso sexual ocurrido en septiembre del mismo año dentro de una oficina municipal.

La denunciante, de 30 años, relató ante la Justicia que fue víctima de acoso laboral y personal durante varios meses, y que tras el hecho más grave recibió amenazas directas e intimidaciones hacia su familia. "Me dijo que eso es lo que a él le gusta", figura en el expediente judicial. Además, la mujer denunció gestos amenazantes hacia su hija de 11 años y mensajes intimidatorios posteriores a la presentación judicial.

El caso generó un fuerte impacto político en Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua solicitó públicamente que el intendente Peyer pida licencia y se ponga a disposición de la Justicia, con el objetivo de garantizar una investigación ordenada y transparente. "Solicito al intendente de Caraguatay que pida licencia y se ponga a disposición de la Justicia", expresó el mandatario provincial en redes sociales.

En respuesta, Peyer anunció que solicitará licencia en su cargo y aseguró que confía en que la Justicia "fallará a favor de la verdad", calificando la acusación como "grave y falaz". Sin embargo, el proceso de reemplazo institucional aún no se concretó, ya que el Concejo Deliberante local no logró el quórum necesario para tratar la licencia y definir la sucesión, por lo que la sesión especial fue postergada.

La investigación judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico, dispuso medidas de protección para la víctima, allanamientos en dependencias municipales y la vivienda del acusado, y la búsqueda de registros de cámaras de seguridad que puedan aportar pruebas. Debido a la inmunidad que otorga su cargo, Peyer no puede ser detenido sin un proceso de desafuero previo.

El caso continúa en etapa de instrucción, mientras la comunidad de Caraguatay, una localidad de unos 5.000 habitantes en el departamento Montecarlo, espera definiciones institucionales y judiciales. El desenlace dependerá de la resolución del Concejo Deliberante y del avance de la investigación, en un contexto de fuerte demanda social de transparencia y justicia.