El Tribunal de Juicio de Mercedes declaró este viernes la responsabilidad penal del abogado Marcelo Hanson por el delito de defraudación con abuso de la necesidad e inexperiencia, en perjuicio de una persona incapaz. El fallo, unánime entre los jueces Muschietti, Troncoso y Ríos, se dictó en el marco de la causa N.º 9545/18, originada en el Juzgado de Curuzú Cuatiá y promovida por la querella de Gerardo Puzio, en representación de Silvia Prato, víctima de los hechos.

Según la acusación, en diciembre de 2017, Hanson, quien representaba legalmente a Prato en un juicio sucesorio y había sido designado como apoyo con representación, logró que la mujer firmara una dación en pago por la cual le cedía una estancia de más de 300 hectáreas, junto con animales y maquinaria, como supuesto pago de honorarios. La operación fue cuestionada en sede civil y penal, y finalmente declarada nula por la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá.

Durante el proceso, testigos clave como un escribano y peritos psicólogos, entre ellos la licenciada María de los Ángeles González, confirmaron el daño psicológico sufrido por la víctima y el aprovechamiento de su vulnerabilidad mental. El tribunal rechazó la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa, y la querella remarcó la gravedad del hecho, señalando que "lo primero que hizo fue beneficiarse con un bien de alto valor, cuando debía proteger su integridad y su patrimonio".

El caso ha cobrado especial relevancia pública debido a que Hanson es defensor de dos de los principales imputados en la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en 9 de Julio. El abogado Puzio destacó que "este juicio puede sentar un precedente" en la protección de los derechos de personas con discapacidad, amparados por convenios internacionales suscriptos por Argentina.

La audiencia de cesura, en la que se definirá la pena a imponer, fue fijada para el martes 12 de agosto. La condena prevista para este tipo de delito es de 2 a 6 años de prisión, y la querella adelantó que solicitará la pena máxima. El fallo pone en foco la responsabilidad ética y legal de los profesionales del derecho y la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.