El femicidio de Flora Inés Moyano, ocurrido en Las Heras, Mendoza, ha generado conmoción y un fuerte debate sobre la administración de justicia y la protección de víctimas de violencia de género. Walter Jesús Amador Molina, de 60 años, fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, luego de que la mujer fuera hallada muerta en un descampado el pasado domingo.

Moyano había salido de su casa el sábado por la tarde para encontrarse con Molina, quien gozaba de salidas transitorias otorgadas por la jueza Mirna Elisa Montaldi, a pesar de los informes técnicos negativos del Servicio Penitenciario. La familia de la víctima denunció su desaparición esa misma noche, y el cuerpo fue hallado al día siguiente por la policía, cubierto de maleza y con una inscripción en la espalda que señalaba un móvil de celos.

La autopsia confirmó que Moyano murió por un fuerte golpe en la cabeza y presentaba signos de asfixia. Molina, quien cumplía una condena de 10 años por abuso sexual agravado contra su hija, tenía antecedentes por homicidio, robo agravado y amenazas. A pesar de su prontuario y de no mostrar arrepentimiento, la magistrada consideró inconstitucional negarle el beneficio de salidas transitorias.

La investigación determinó que Molina mató a Moyano durante una de sus salidas y luego regresó al penal como si nada hubiera ocurrido. La pulsera electrónica que portaba fue clave para ubicarlo en la escena del crimen. El fiscal Gustavo Pirrello formalizó la imputación y Molina permanece detenido en el Complejo Penitenciario N°1 Boulogne Sur Mer.

El caso ha generado un fuerte repudio social y político. La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, expresó: “Un abusador, reincidente y ahora femicida con salidas transitorias, pese a los informes técnicos negativos. Una víctima que no fue protegida”. El hecho reaviva el debate sobre la aplicación de la Ley Micaela y la necesidad de reforzar las políticas de género y la protección de víctimas, en un contexto de cuestionamientos a la efectividad de las medidas vigentes y a la concesión de beneficios a condenados reincidentes.