El conflicto salarial en el Poder Judicial argentino alcanzó nuevas dimensiones esta semana, con protestas simultáneas en Córdoba, Salta y a nivel nacional. Magistrados y empleados judiciales intensificaron sus reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales, en un contexto de crisis económica y reformas previsionales que han deteriorado sus ingresos.

En Córdoba, la mesa de conciliación propuesta por el gobierno de Martín Llaryora no ha logrado avances significativos. Los magistrados exigen el cumplimiento de la ley de equiparación salarial con la Justicia federal, señalando que actualmente perciben solo un 77% del salario de sus pares federales. "No se trata de un pedido salarial, sino de que se cumpla la ley", aclararon representantes del sector, quienes además denunciaron la falta de transparencia en la información sobre remuneraciones.

Más de mil magistrados cordobeses presentaron recursos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia, advirtiendo que podrían recurrir a la vía judicial si no obtienen respuestas. Las protestas incluyen reuniones en tribunales, aplausos y entonación del himno, en un clima de creciente tensión.

En Salta, los trabajadores judiciales, representados por la Agremiación Judicial, denunciaron ser de los peores pagos del país. "Hoy por hoy, los empleados judiciales son de los peores pagos del país", afirmó Matías Aramayo, secretario general del gremio, quien detalló que los salarios iniciales rondan los 800 mil pesos, cifra insuficiente para cubrir la canasta básica. El gremio destacó la necesidad de discutir condiciones específicas y adecuadas para enfrentar la digitalización y modernización del sistema judicial.

A nivel nacional, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizó un banderazo y convocó a un paro de 24 horas, sumando presión al conflicto. Las autoridades judiciales han mostrado disposición al diálogo, pero hasta el momento no se han alcanzado soluciones concretas.

El conflicto evidencia una inusual unidad entre empleados y magistrados, quienes históricamente han tenido posturas divergentes. Se espera que tras la feria judicial de julio continúen las negociaciones y no se descartan nuevas medidas de fuerza si no se atienden los reclamos.