Las autoridades de Rosario y la provincia de Santa Fe han intensificado la vigilancia sobre el mercado inmobiliario, tras detectar la venta ilegal de terrenos fiscales en la isla Sabino Corsi, conocida como el “banquito de San Andrés”. El Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) y el gobierno provincial calificaron de “delincuentes” a quienes ofrecen estos lotes, advirtiendo que se trata de terrenos fiscales no habilitados para la venta. En respuesta, se prepara un plan integral para normalizar la situación catastral, perseguir a operadores irregulares y promover actividades turísticas y recreativas en la zona.

En paralelo, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario lleva adelante un juicio disciplinario contra un matriculado acusado de facilitar operaciones fraudulentas. El caso, que involucra al corredor Oscar Mario Ceballos, podría sentar un precedente sobre el uso indebido de matrículas profesionales en el sector. Las sanciones posibles van desde la amonestación hasta la pérdida definitiva de la matrícula.

El mercado inmobiliario de Rosario enfrenta además un serio obstáculo: más del 70% de los loteos terminados no son aptos para créditos hipotecarios debido a demoras en la aprobación de mensuras y trámites burocráticos. Esta situación impide que los compradores accedan a financiamiento y limita el desarrollo de nuevas viviendas, afectando la economía local. El sector privado y las autoridades provinciales trabajan en mesas conjuntas para agilizar los procesos, aunque reconocen la complejidad del desafío.

En el ámbito judicial, se profundizó la tensión entre fueros provinciales y federales por la competencia en causas de narcotráfico. Un juez federal solicitó investigar a una camarista provincial, lo que generó un fuerte conflicto institucional y amenaza con escalar al Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, el Senado provincial debate reformas al Código Procesal Laboral para agilizar los juicios y limitar la llamada “industria del juicio”, en un contexto de alta litigiosidad y falta de recursos en el fuero laboral.

El escenario refleja la necesidad de mayor transparencia, eficiencia y coordinación entre los distintos actores públicos y privados para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo económico en Rosario y su región.