El presidente Javier Milei vetó este martes la Ley de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, una norma que había sido sancionada por el Congreso Nacional el 4 de junio y que preveía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados y reconstruir las áreas afectadas. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial, y generó un fuerte rechazo de autoridades locales y sectores de la oposición.

El Gobierno justificó el veto argumentando que ya se habían transferido fondos equivalentes a los previstos en la ley y que la norma no especificaba la fuente de financiamiento, en contravención con la Ley de Administración Financiera. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que "la casta política pretende hacer política con la tragedia" y detalló que el Ejecutivo ya había asistido a Bahía Blanca con $200.000 millones, $10.000 millones adicionales al municipio, y diversas ayudas logísticas y sanitarias.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó su intención de comunicarse directamente con el presidente para solicitar la restitución de los fondos vetados. "Confío en la palabra que el gobierno nacional ha dado de que iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad", señaló, aunque advirtió que la reconstrucción aún no comenzó y que la ciudad necesita gestión y presupuesto.

Desde la oposición, legisladores y referentes locales criticaron la medida y anunciaron que insistirán en el Congreso para restablecer la ley. Argumentan que la norma tenía un alcance más amplio que los decretos previos y que la ayuda nacional resulta insuficiente ante la magnitud de la catástrofe, que dejó 18 muertos, miles de evacuados y más de 92.000 viviendas afectadas.

Funcionarios nacionales, por su parte, defendieron la decisión y pidieron no utilizar la tragedia con fines políticos. El debate sobre la asistencia y la reconstrucción de Bahía Blanca continúa abierto, mientras la ciudad y sus habitantes reclaman soluciones estructurales y mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado.