En la localidad de El Algarrobal, Las Heras, Mendoza, más de 35 familias enfrentan un complejo conflicto por una presunta estafa inmobiliaria. Los afectados adquirieron terrenos entre 2022 y 2024, pagando sumas que oscilan entre 800,000 y 1,500,000 pesos, con la esperanza de construir sus viviendas. Sin embargo, la aparición de un hombre que asegura ser el propietario legítimo de los terrenos ha desatado una disputa legal y social.

El conflicto comenzó cuando los compradores, que habían negociado con un vendedor que ahora enfrenta acusaciones de estafa, se enteraron de que los terrenos estaban registrados a nombre de otra persona. Este supuesto propietario legítimo exige que los compradores abandonen los terrenos o paguen sumas adicionales que podrían alcanzar los 5 millones de pesos. La situación se ha agravado con denuncias de amenazas, chantajes y usurpaciones en la zona.

Los afectados también señalan la participación de la empresa "Horizontes de Mendoza" y una mutual llamada AMUVIS, que han negado su implicación directa en el caso. Sin embargo, los vecinos afirman que estas entidades han promovido la venta de los terrenos y han ejercido presión para reubicarlos en zonas menos valiosas. Además, denuncian que intermediarios vinculados al supuesto propietario legítimo han instalado casillas en terrenos ya adquiridos, mientras que las construcciones de los compradores están paralizadas por orden judicial.

La falta de acción por parte de la Justicia y el municipio de Las Heras ha generado indignación entre los afectados. "Está todo muy frenado", comentó uno de los damnificados, mientras que otro calificó la respuesta judicial como "desorganizada". La desconfianza hacia las instituciones locales ha llevado a los vecinos a formar una unión vecinal para defender sus derechos, aunque esto ha generado tensiones con otros actores involucrados.

En medio de este panorama, se espera una mediación entre las partes, que podría arrojar luz sobre la titularidad de los terrenos y las posibles soluciones al conflicto. Sin embargo, los afectados temen que el caso sea una estrategia para despojarlos de sus inversiones y explotar los terrenos de mayor valor.

El caso sigue en desarrollo, con más de 20 denuncias cruzadas y una creciente incertidumbre sobre el futuro de las familias afectadas. La situación pone de manifiesto la necesidad de una intervención clara y efectiva por parte de las autoridades para resolver el conflicto y garantizar la seguridad jurídica de los compradores.