La Justicia Federal de Salta homologó un acuerdo de reparación económica y simbólica para 18 trabajadores indígenas que fueron víctimas de trata laboral en la localidad de Santa Victoria. El fallo, considerado histórico por su alcance, establece el pago de 36 millones de pesos más un ajuste de 500 mil pesos por inflación, suma que será distribuida en partes iguales entre las víctimas. Además, el imputado Jesús Isauro Erazo deberá realizar tareas comunitarias en un hogar de ancianos de Tartagal durante seis meses, cumpliendo cuatro horas semanales de servicio.

El caso salió a la luz tras una denuncia anónima a la línea 145 del Programa de Rescate de Víctimas de Trata, lo que permitió la intervención de Gendarmería Nacional y el rescate de los trabajadores. Las víctimas, integrantes de las comunidades aborígenes El Cañaveral y San Luis, fueron captadas mediante falsas promesas de empleo para realizar tareas de deschampe en la finca “Los Chilenitos” o “El Chileno”, ubicada en el paraje Tonono. Una vez trasladados, fueron sometidos a condiciones de servidumbre: alojados en campamentos improvisados, sin acceso a agua potable ni alimentación adecuada, y expuestos a temperaturas extremas. La comida provista era escasa y descontada del salario prometido, que nunca fue abonado.

Al intentar reclamar lo acordado, los trabajadores fueron intimidados y privados de libertad. Tres de ellos lograron escapar y pedir ayuda, lo que desencadenó el operativo de rescate. La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la investigación, subrayó la situación de vulnerabilidad estructural de las víctimas, quienes ya enfrentaban dificultades de acceso a derechos básicos y antecedentes de trabajo infantil.

El acuerdo fue avalado por la fiscalía, el defensor público de víctimas Nicolás Escandar y el abogado del imputado, Juan Martín Crosa. Se justificó la vía de la reparación ante la dificultad de obtener indemnización por la vía civil, y se destacó que el proceso penal podría reactivarse en caso de incumplimiento. El juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas homologó el convenio, reconociendo la legitimidad del proceso y el consentimiento informado de las víctimas.

Este fallo sienta un precedente en la lucha contra la trata laboral y la explotación de comunidades indígenas en el norte argentino, y visibiliza la necesidad de fortalecer políticas públicas de prevención, asistencia y justicia para los sectores más vulnerables.