El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue aceptado como querellante en una causa por extorsión que involucra a dirigentes políticos y al empresario Leandro Camani, titular de una firma de fotomultas. La decisión fue tomada por el juez Walter Saettone, quien consideró que Tapia podría ser víctima de los hechos investigados, permitiéndole así participar activamente en el proceso judicial.

La denuncia de Tapia sostiene que Camani, a través de los dirigentes Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, intentó presionarlo para habilitar la instalación de cámaras de fotomultas en predios administrados por CEAMSE, entidad que Tapia dirige. Según el presidente de la AFA, la negativa a este negocio derivó en una serie de denuncias penales y mediáticas en su contra, incluyendo la polémica por la llamada "mansión de Pilar".

Por su parte, Camani niega cualquier relación personal o institucional con Tapia y rechaza las acusaciones de extorsión, argumentando que su vínculo con Yofe se limita a denuncias de hechos de corrupción en el sistema de fotomultas bonaerense. Del Gaiso, en tanto, sostiene que las denuncias buscan exponer una matriz de corrupción y lavado de dinero en la AFA, y anticipa que ampliará su presentación judicial.

En paralelo, la AFA avanza con la construcción de su nueva sede en Pilar, en un predio municipal cuya adquisición y uso han generado controversia por irregularidades catastrales y falta de transparencia en el acuerdo con la municipalidad. Vecinos y medios locales han señalado inconsistencias en la numeración del terreno y demandan explicaciones sobre los fondos y condiciones del traspaso.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en el fútbol argentino y la gestión de recursos públicos, mientras la investigación judicial continúa y se esperan nuevas declaraciones de testigos en los próximos días.