La ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación provocó una inmediata y marcada división en el escenario político argentino. Gobernadores de distintas provincias y representantes municipales expresaron posturas encontradas, evidenciando la polarización que atraviesa al país.

Desde el sector peronista y sus aliados, la reacción fue de rechazo y preocupación. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, calificó la decisión como el resultado de una "perversa persecución política, mediática y judicial" y la inscribió en una larga historia de ataques al peronismo. Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, fue aún más contundente al considerar el fallo como un "nuevo intento de exterminar al peronismo" y un ataque a la soberanía popular. En la misma línea, la Federación Argentina de Municipios (FAM) emitió un comunicado en el que sostuvo que la condena representa "la pieza final de una maquinaria para disciplinar a quienes buscan transformar el país" y denunció una "acción política disfrazada de legalidad".

Otros mandatarios, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), manifestaron su solidaridad con la ex presidenta y advirtieron sobre el impacto institucional de excluir a una de las principales figuras políticas del país de la contienda electoral. Natalia de la Sota, diputada cordobesa, remarcó que "judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó a la democracia".

En contraste, gobernadores de la oposición y algunos independientes defendieron el fallo. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, celebró el "fin de la impunidad" y sostuvo que la sentencia demuestra que "nadie está por encima de la ley". Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza) coincidieron en que la decisión de la Corte Suprema es un acto de justicia y rechazaron la idea de proscripción, subrayando la importancia de respetar los fallos judiciales.

El fallo, dictado en un año electoral, reavivó el debate sobre la independencia del Poder Judicial, la judicialización de la política y la vigencia de la democracia en Argentina. Mientras algunos sectores denuncian persecución y proscripción, otros celebran el avance contra la corrupción. El país, una vez más, se encuentra ante una profunda grieta política, con consecuencias que podrían extenderse más allá del actual proceso electoral.