La economía y la política argentinas atraviesan una etapa de alta tensión tras la aprobación en el Congreso de cinco proyectos de ley que incrementan el gasto público, desafiando el principal logro del gobierno de Javier Milei: el superávit fiscal. La reacción de los mercados no se hizo esperar, con caídas en las acciones y bonos argentinos, así como una marcada volatilidad en el tipo de cambio, que reflejan la creciente desconfianza de los inversores ante la posibilidad de un retroceso en el ajuste fiscal.

El Senado convirtió en ley tres de los proyectos, mientras que otros dos avanzan en la Cámara de Diputados. Entre las medidas aprobadas se destacan aumentos en las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y beneficios para personas con discapacidad. El costo fiscal de estas iniciativas podría alcanzar el 2,5% del PBI en 2026, según estimaciones de consultoras privadas. El presidente Milei anunció que vetará las leyes, aunque enfrenta la posibilidad de que el Congreso anule el veto si logra una mayoría especial.

En un contexto de incertidumbre electoral, la presión política se intensifica. Gobernadores y legisladores, incluso algunos aliados del oficialismo, apoyaron los proyectos que incrementan el gasto, buscando mayores recursos para sus provincias. Desde el Ejecutivo, se denuncia una ofensiva que no solo es económica, sino también simbólica, al intentar revertir el consenso sobre la necesidad de equilibrio fiscal.

El impacto en los mercados fue inmediato: el riesgo país se mantiene en torno a los 700 puntos, los bonos argentinos no logran atraer inversores y el dólar oficial y paralelo subieron, reflejando la desconfianza. Bancos internacionales como JP Morgan, Morgan Stanley y Barclays advirtieron sobre la fragilidad del modelo económico y la falta de confianza en el rumbo político, mientras que la salida de inversiones extranjeras y el déficit de la balanza de pagos agravan el panorama.

El clima electoral ha postergado debates estructurales y reformas clave, mientras la economía muestra señales mixtas: desinflación y superávit proyectado, pero déficit externo y caída de inversiones. Analistas coinciden en que la sostenibilidad del modelo económico dependerá del resultado de las elecciones de octubre y de la capacidad del gobierno para alcanzar consensos políticos que permitan mantener la estabilidad fiscal y social.