En una jornada legislativa de alto voltaje político, el Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica —con el Hospital Garrahan como emblema— y de financiamiento universitario. Con mayorías holgadas, ambas normas recuperan vigencia y el Gobierno nacional queda obligado a su promulgación y cumplimiento.

La votación arrojó 59 votos afirmativos y 7 negativos para la insistencia en la emergencia pediátrica, mientras que la ley de financiamiento universitario obtuvo 58 votos a favor y 7 en contra, con algunas abstenciones de senadores del PRO y la UCR. El resultado, anticipado por el clima político previo, representa una contundente derrota para el oficialismo, que ya había sufrido reveses similares en otras iniciativas clave.

La ley de emergencia pediátrica establece la asignación prioritaria de recursos para hospitales pediátricos, la recomposición salarial inmediata del personal de salud —incluidos residentes— y la eximición del pago de Ganancias para quienes realicen actividades críticas. El Hospital Garrahan es declarado de referencia nacional, y el impacto fiscal estimado para la medida asciende a $65.573 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En cuanto a las universidades, la norma dispone una actualización bimestral de los fondos según la inflación y obliga al Ejecutivo a convocar paritarias periódicas para docentes y no docentes, asegurando que los incrementos salariales no sean inferiores al índice de precios al consumidor. Además, la Auditoría General de la Nación realizará controles administrativos sobre las instituciones universitarias.

Durante el debate, senadores opositores enfatizaron la importancia de proteger derechos sociales y criticaron la "falta de empatía" del Gobierno. "No se puede mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué es lo que está pasando con la atención pediátrica", afirmó la senadora Lucía Corpacci. Desde el oficialismo, en cambio, se acusó a la oposición de utilizar el tema con fines políticos y se defendió la gestión presupuestaria.

La rectora de la UNRC, Marisa Rovera, celebró la aprobación como "un avance importante y necesario" para el sector universitario. El futuro inmediato dependerá de la implementación efectiva de las leyes por parte del Ejecutivo, en un contexto de persistente tensión entre el Gobierno y el Congreso sobre el financiamiento de áreas sensibles como salud y educación.