El Gobierno nacional oficializó la licitación para privatizar 741 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la primera etapa de la "Red Federal de Concesiones". El proceso, que abarca tramos estratégicos como las rutas nacionales 12, 14, 135, 117, 174 y A015, así como el Puente Rosario-Victoria, impacta directamente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y busca fortalecer la conectividad con Brasil y Uruguay.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 29/2025, establece que la concesión será completamente privada, sin subsidios estatales, y se financiará a través de peajes. Las empresas interesadas, tanto nacionales como internacionales, podrán presentar sus ofertas hasta el 5 de agosto de 2025. El pliego exige un plan de entre 20 y 30 años, con una tarifa tope de peaje fijada en $3.057,85 (sin IVA) para el Tramo Oriental, tomando como referencia junio de 2025.

La administración de estos corredores estuvo a cargo del consorcio Caminos del Río Uruguay hasta abril de 2025, cuando venció la concesión y el Estado asumió temporalmente la gestión. Ahora, el Ejecutivo busca devolver la operación al sector privado, argumentando que el modelo anterior era deficitario y no ofrecía beneficios tangibles a los usuarios. "El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público", subrayó la Secretaría de Transporte.

El plan de concesión responde a la presión de gobernadores y empresarios por mejorar la infraestructura vial, en un contexto donde solo el 47,5% de las rutas nacionales está en buen estado, según un informe de Vialidad Nacional. El deterioro de la red genera pérdidas económicas y afecta la productividad, especialmente en corredores clave para el transporte de cargas.

Mientras el Gobierno resalta la importancia estratégica y económica de la medida, sectores de la construcción y sindicatos expresan dudas sobre el impacto real en la generación de empleo y la reactivación del sector. Organismos internacionales, como el Banco Mundial, advierten sobre la necesidad de inversión pública para dinamizar la economía y el empleo. Por su parte, autoridades provinciales insisten en la urgencia de ampliar el plan a otras rutas en estado crítico.

El proceso incluye audiencias públicas en varias provincias, donde se recogerán opiniones ciudadanas antes de la adjudicación definitiva. Vialidad Nacional será la encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión, asegurando el cumplimiento de las obras y servicios comprometidos.