El caso de Thiago Correa, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo en Ciudad Evita, sigue generando conmoción y debate en la sociedad argentina. El episodio ocurrió la noche del miércoles pasado, cuando Facundo Aguilar Fajardo, agente de la Policía Federal Argentina, fue abordado por cuatro delincuentes armados mientras esperaba el colectivo junto a su madre en la intersección de Crovara y Madrid, en La Matanza.

Según fuentes judiciales y policiales, el agente, que estaba de civil, respondió al asalto con su arma reglamentaria, efectuando 11 disparos. En el enfrentamiento, uno de los asaltantes, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, murió en el acto, mientras que otros dos resultaron heridos y un cuarto logró escapar. Uno de los proyectiles impactó a Thiago Correa, que se encontraba a unos 180-200 metros del lugar, esperando el colectivo con su padre. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Balestrini, donde falleció tras más de 24 horas de agonía.

La investigación, a cargo del fiscal Diego Rulli, determinó la detención del agente Aguilar Fajardo, quien fue imputado por homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. La fiscalía sostiene que el policía pudo prever el riesgo de su accionar al disparar en una zona transitada y en horario nocturno. El último prófugo del asalto, Joaquín López Otto, fue detenido tras una semana de búsqueda y será indagado en las próximas horas.

El caso generó fuertes reacciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente al agente y responsabilizó a los delincuentes por la tragedia. En contraste, la Comisión Provincial por la Memoria repudió tanto el accionar policial como las declaraciones oficiales, señalando que el uso desmedido de la fuerza pone en riesgo a la población.

Mientras la justicia define la situación procesal del policía, el caso reaviva el debate sobre los protocolos de uso de armas y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo para terceros. La sociedad y los organismos de derechos humanos exigen una revisión profunda de las políticas de seguridad para evitar nuevas tragedias.