El Senado de Entre Ríos se encuentra en pleno debate por la reforma previsional, con dos dictámenes principales que reflejan la polarización política en torno al futuro de la Caja de Jubilaciones provincial. Por un lado, el oficialismo impulsa un proyecto que declara la emergencia previsional por dos años, eleva la edad jubilatoria a 65 años para hombres y 60 para mujeres, y mantiene aportes extraordinarios para quienes perciben salarios superiores a tres millones de pesos. Además, introduce cambios en el cálculo de haberes y establece nuevos mecanismos de financiamiento, como una alícuota sobre regalías mineras y aportes de la planta política.

En contraposición, el bloque justicialista presentó un dictamen alternativo que mantiene los 30 años de aportes, protege los regímenes especiales y evita exigir aportes adicionales a los jubilados. Esta propuesta incluye la creación de un Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, así como mecanismos de transparencia y planificación, como una Unidad Actuarial y un Consejo de Sostenibilidad. El senador Juan Cosso, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa justicialista al afirmar que "la verdadera sustentabilidad se construye con planificación, transparencia, nuevas fuentes de financiamiento y respeto por quienes aportaron durante toda su vida".

La senadora Gladys Domínguez, pieza clave en la definición de la mayoría, apoyó el dictamen oficialista tras destacar mejoras logradas durante el debate, como el cálculo de haberes sobre los últimos 15 años trabajados y la eliminación de la jubilación a los 68 años para nuevos ingresantes. Sin embargo, su postura generó tensiones dentro del peronismo, donde podría enfrentar sanciones partidarias.

El debate legislativo se produce en un contexto de déficit creciente en la Caja de Jubilaciones y tras un mes de audiencias con gremios, especialistas y funcionarios. Se espera que ambos dictámenes sean tratados en sesión plenaria la próxima semana, en un escenario donde el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para la aprobación de la reforma. El resultado tendrá impacto directo en docentes, jubilados y trabajadores estatales, y marcará un antes y un después en la política previsional de Entre Ríos.