La Asociación Bancaria inició un plan de lucha nacional contra el Banco Santander en Argentina, denunciando una política de despidos masivos y recortes de derechos laborales que afecta a cientos de trabajadores en todo el país. Según el sindicato, en el último año se habrían producido más de 1500 desvinculaciones, muchas de ellas bajo presiones para firmar acuerdos forzados o mediante telegramas de despido sin causa.

El conflicto escaló tras una masiva asamblea realizada en la sede central del banco, en el marco del 52° Congreso Nacional Bancario, donde delegados y trabajadores de todo el país expresaron su rechazo a las prácticas laborales del banco. La Bancaria declaró el "estado de alerta y movilización" y anunció un calendario de asambleas y protestas progresivas que afectarán la atención al público en sucursales de todo el país.

El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, criticó duramente a la cúpula del banco y cuestionó la falta de intervención del Ministerio de Trabajo. "Mientras en España Ana Botín habla de compromiso con el progreso de las personas, en Argentina aprietan para que se firmen desvinculaciones o despiden directamente por telegrama", expresó el sindicato en un comunicado oficial.

En General Pico, La Pampa, se confirmó el despido de un empleado, mientras que en Comodoro Rivadavia una protesta gremial evitó otro despido. El gremio sostiene que la situación no es aislada y que forma parte de un ajuste sistemático en la banca privada, tanto nacional como internacional, que se refleja en despidos recientes en distintas ciudades del país.

La Bancaria exige la reincorporación de los despedidos y el cese de prácticas coercitivas dentro del banco. Advierten que, de no obtener respuestas favorables, profundizarán las medidas hasta alcanzar una solución que consideran justa y satisfactoria. El conflicto genera preocupación no solo entre los trabajadores, sino también entre los clientes y la comunidad financiera, ante la posibilidad de reducción de servicios y cierre de sucursales.

El caso pone en evidencia la tensión entre los discursos institucionales de responsabilidad social del banco y las denuncias de ajuste y precarización laboral en Argentina. El desenlace del conflicto podría tener implicancias para el sector financiero y el mercado laboral en el país.