Un hombre de 32 años fue condenado en General Pico, La Pampa, por filmar a su vecina mientras se duchaba, en un caso que la Justicia calificó como "voyerismo digital". El hecho ocurrió hace menos de un mes, cuando Leandro Javier Andrés Morales utilizó un teléfono celular adherido a un palo de dos metros para captar imágenes de la joven a través del ventiluz del baño desde su domicilio vecino.

La investigación, llevada adelante por la fiscalía local, determinó que Morales ocasionó molestias a la víctima y que su accionar no constituyó un delito penal, sino una contravención según el artículo 96, inciso 3° del Código Contravencional de La Pampa. El caso fue tramitado en el fuero contravencional y culminó con un acuerdo de juicio abreviado, homologado por el juez Maximiliano Boga Doyhenard.

La sentencia impuso a Morales una multa de 361.200 pesos, la prohibición de contacto con la damnificada por seis meses, una amonestación para evitar la reiteración de la conducta y el decomiso del celular utilizado. El magistrado sostuvo que la conducta del imputado "no resultó una simple molestia, sino que existió una finalidad sexual o voyerista evidente que constituyó violencia contra la mujer". Además, subrayó que la víctima se encontraba en un ámbito de máxima privacidad y que Morales utilizó medios especialmente preparados para superar barreras físicas.

El juez enmarcó el hecho bajo los estándares de violencia de género digital, citando la Ley Olimpia (27.736) y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Mujer, así como convenciones internacionales con jerarquía constitucional. "Fue una invasión deliberada de la intimidad corporal y sexual de una mujer", afirmó en los fundamentos del fallo.

Si bien el imputado reconoció su responsabilidad y mostró arrepentimiento, el juez consideró que la intervención judicial debía ser eficaz y con perspectiva de género. Asimismo, advirtió sobre la insuficiencia de la legislación actual y sugirió la necesidad de una reforma que sancione específicamente la obtención de imágenes íntimas sin consentimiento, ya que estos hechos pueden ser el paso previo a delitos más graves.

El caso reavivó el debate sobre la protección de la privacidad y la violencia digital, y puso en agenda la necesidad de actualizar el marco legal para abordar este tipo de conductas.