Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, enfrenta una nueva denuncia penal por presuntamente continuar utilizando custodia policial y vehículos oficiales tras dejar su cargo en el Gobierno nacional. La denuncia, presentada por la diputada Marcela Pagano, fue radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini y también involucra a funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal que habrían autorizado la continuidad de estos beneficios.

Según la presentación judicial, "cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública". Pagano sostiene que Adorni habría seguido utilizando efectivos de la Policía Federal para su custodia personal y vehículos oficiales para sus traslados, incluso después de abandonar el Gobierno. La denuncia subraya que la continuidad de la protección estaría basada en supuestas amenazas que no fueron formalmente denunciadas ni judicializadas, y que no existe un acto administrativo ni evaluación de riesgo que respalde la asignación de estos recursos estatales.

Un video difundido recientemente muestra a Adorni utilizando una camioneta oficial del Instituto de Promoción Turística, la cual acumula más de 26 millones de pesos en multas de tránsito. Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, la autorización para el uso del vehículo habría sido firmada por Karina Milei, quien argumentó razones de seguridad para justificar la medida.

La denuncia solicita que se investigue a Adorni por posibles delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además, se pide determinar si otros funcionarios facilitaron la continuidad de estos beneficios sin respaldo legal.

El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos por parte de exfuncionarios y en medio de investigaciones previas por presunto enriquecimiento ilícito que involucran a Adorni. El contraste entre el discurso oficialista de austeridad y los hechos denunciados ha generado críticas tanto en la oposición como en la opinión pública, reavivando el debate sobre los privilegios y la transparencia en la función pública. Mientras tanto, desde el entorno de Adorni se argumenta que la protección responde a su exposición pública y a posibles riesgos derivados de su gestión.