El Gobierno de la provincia de Neuquén confirmó que este viernes se depositarán los haberes correspondientes al mes de febrero para todos los trabajadores de la administración pública provincial, así como para jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). La medida, anunciada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria, alcanza a empleados activos de sectores como Educación, Salud, Policía, Administración Central y organismos descentralizados.

Según informaron fuentes oficiales, la administración encabezada por el gobernador Rolando Figueroa mantiene su compromiso de abonar los salarios antes de la finalización de cada mes. "La administración continúa garantizando el pago de salarios antes de la finalización del mes, gracias al programa de austeridad implementado para optimizar los recursos del Estado, eliminar gastos innecesarios y fortalecer las partidas destinadas a áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", destacó el Ejecutivo provincial.

El acuerdo salarial vigente, alcanzado tras negociaciones anticipadas con los gremios estatales, establece incrementos trimestrales automáticos en base a la inflación. El último aumento, correspondiente al trimestre anterior, fue del 7,9%. Los incrementos se calculan utilizando una fórmula que pondera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y el de Neuquén. En diciembre, el IPC local fue de 2,6%, mientras que el nacional alcanzó el 2,8%.

El mecanismo de actualización salarial busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores estatales frente a la inflación, en un contexto económico desafiante. Tanto el gobierno como los gremios han valorado la continuidad de las mesas de negociación y la previsibilidad en el pago de haberes. Hasta el momento, no se han reportado conflictos gremiales significativos en torno a este acuerdo, aunque los sindicatos se mantienen atentos a la evolución de los precios y la situación económica general.

Con este esquema, la provincia de Neuquén refuerza su política de diálogo y previsibilidad salarial, priorizando áreas clave para el funcionamiento del Estado y el bienestar de sus empleados.