La Justicia federal confirmó que la empresa Bachellier S.A., vinculada a Héctor Martínez Sosa, amigo personal del expresidente Alberto Fernández, operaba en una vivienda en ruinas en el barrio porteño de Villa Crespo, pese a haber recibido más de 1.600 millones de pesos en comisiones por pólizas de seguros estatales. La investigación, conocida como la "Causa Seguros", reveló que la firma carecía de empleados, infraestructura y actividad comercial real, lo que resultó incompatible con el volumen de dinero manejado.

El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, describió la sede de Bachellier como "absolutamente incompatible con la gestión de una empresa que percibió comisiones por $1.641.728.405,53 solo por pólizas emitidas a organismos públicos". El hallazgo se produjo tras varios intentos fallidos de localizar la sede declarada, hasta que la Policía Federal encontró la vivienda abandonada en Av. Juan B. Justo 2444.

La investigación determinó que, aunque Osvaldo Tórtora figuraba como administrador, la empresa era controlada informalmente por Martínez Sosa, quien junto a otras firmas vinculadas cobró más de 2.000 millones de pesos en comisiones gracias al decreto 823/21. Este decreto, firmado por Fernández en 2021, centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros, beneficiando a intermediarios cercanos al poder.

Las pruebas recolectadas incluyen mensajes y fotos extraídos de los celulares de María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria privada de Fernández, que evidencian gestiones y tratos preferenciales. Además, se detectaron facturaciones cruzadas y comunicaciones con autoridades de organismos públicos, como Gendarmería Nacional.

La Cámara Federal ratificó la semana pasada los procesamientos de Fernández, Martínez Sosa y otros involucrados por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública e incumplimiento de deberes. El fallo destacó la relación de amistad, actividad comercial y favores mutuos entre el expresidente y Martínez Sosa.

El caso expone la falta de controles internos en la administración pública y abre la puerta a sanciones para las empresas involucradas, en el marco de la ley de responsabilidad penal empresaria. La investigación continúa y se esperan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas, mientras el expediente se consolida como uno de los más sensibles del escenario político y judicial argentino.