La investigación por el robo de propofol y otros anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires avanza en medio de la conmoción por la muerte de dos profesionales de la salud. El caso, que involucra a médicos y residentes, ha puesto en el centro del debate la seguridad en el manejo de medicamentos de uso exclusivo hospitalario y los riesgos asociados a su desvío.

Según fuentes judiciales, la causa principal investiga la sustracción de anestésicos del Hospital Italiano, con dos profesionales imputados: el anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse. Ambos fueron apartados de sus cargos y enfrentan medidas restrictivas mientras se determina su responsabilidad en la salida irregular de los fármacos. Allanamientos realizados en domicilios de la ciudad permitieron recuperar parte de los medicamentos robados, aunque la cantidad total sustraída y el destino final de los mismos aún no han sido esclarecidos.

En paralelo, la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida en su departamento de Palermo el 20 de febrero, es investigada como una averiguación de muerte dudosa. En el lugar se encontraron anestésicos cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano, pero la Justicia aclara que no hay pruebas de que ese domicilio formara parte habitual del circuito clandestino de traslado. Días después, el enfermero Eduardo Bentancourt fue hallado muerto en circunstancias similares, con frascos de propofol y fentanilo en su poder. La autopsia reveló una cardiopatía, pero se esperan resultados toxicológicos para determinar si la administración de anestésicos influyó en su fallecimiento.

El fenómeno de las llamadas "propofest", fiestas donde se consumiría propofol, ha sido mencionado en redes y medios, pero la Justicia no ha encontrado pruebas concretas de su existencia ni de un vínculo directo entre los imputados y las muertes investigadas. El propofol, aunque no es considerado droga ilegal en Argentina, solo puede ser utilizado en el ámbito hospitalario y su desvío constituye un delito.

Expertos como el director del Hospital Fernández, Carlos Damin, destacan que el consumo de propofol fuera del ámbito médico es extremadamente raro y que el fentanilo, aunque más riesgoso, tampoco representa un problema social grave en el país. Las autoridades hospitalarias y asociaciones profesionales han reforzado los controles internos y revisan los protocolos para evitar nuevos desvíos.

Mientras tanto, la Justicia mantiene causas separadas para el robo de fármacos y las muertes, a la espera de pruebas que puedan vincular ambos hechos. El caso sigue abierto y podría tener implicancias en la regulación y control de medicamentos en el sistema de salud argentino.