El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Justicia, está ultimando detalles para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, programada para el 11 de agosto. Este cambio, que busca modernizar el sistema judicial, ha generado tensiones con los fiscales federales, quienes han expresado preocupaciones sobre la falta de recursos y planificación adecuada.

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció un paquete de medidas que incluye la provisión de equipamiento tecnológico, como sistemas UFED para análisis de dispositivos electrónicos, y la reorganización de espacios físicos en edificios judiciales. Además, se planea el traspaso voluntario de personal del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal, aunque persisten desafíos como la alta vacancia en el Ministerio Público, que alcanza el 40%.

El Consejo de la Magistratura también ha iniciado mejoras en las salas de audiencias de Comodoro Py, incluyendo iluminación, acústica y mobiliario, para adaptarse a las exigencias del nuevo sistema. Sin embargo, los fiscales han advertido sobre el riesgo de colapso debido a la falta de una ley de fortalecimiento de recursos, como la que se implementó en Santa Fe.

El sistema acusatorio, que prioriza la oralidad y otorga mayor protagonismo a los fiscales, representa un cambio cultural significativo en el ámbito judicial. Según fuentes oficiales, la implementación será "soft", con ajustes progresivos para minimizar el impacto inicial. La Corte Suprema habría explorado la posibilidad de extender el plazo de implementación, pero el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la fecha establecida.

En términos financieros, el Gobierno destinará $4.300 millones para equipamiento y adecuaciones, financiados en parte por el programa PNUD de Naciones Unidas. A pesar de estas inversiones, persisten interrogantes sobre la capacidad del sistema para manejar el volumen de casos bajo el nuevo modelo.

En resumen, la transición al sistema acusatorio en Comodoro Py plantea desafíos operativos y culturales, pero también representa una oportunidad para modernizar el sistema judicial argentino. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el éxito de esta implementación.