El Gobierno nacional dispuso un operativo especial de seguridad para la cobertura periodística en las inmediaciones del Congreso, en el marco del debate sobre la reforma laboral y la convocatoria a un paro general por parte de la CGT. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, estableció una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos en Hipólito Yrigoyen al 1700 y recomendó a los trabajadores de prensa evitar ubicarse entre manifestantes y fuerzas federales, advirtiendo que "nuestras Fuerzas actuarán" ante hechos de violencia.

La medida, que se implementa entre el 18 y el 20 de febrero, busca reducir situaciones de riesgo en un contexto de alta tensión política y sindical. El comunicado oficial señala que posicionarse en determinados puntos podría implicar una "exposición directa a situaciones de violencia", configurando una "autopuesta en peligro" que la medida procura prevenir.

La decisión generó repudio entre entidades de prensa como la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), quienes denunciaron que las condiciones impuestas por el Ministerio de Seguridad "limitan el ejercicio de la libertad de expresión y buscan promover la desmovilización con amenazas de represión". Según estas organizaciones, el Estado traslada responsabilidades de protección y limita derechos fundamentales, recordando antecedentes de agresiones a periodistas en manifestaciones recientes.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general en rechazo a la reforma laboral, iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado y que ahora será debatida en la Cámara de Diputados. El paro, que podría realizarse el jueves 19 de febrero, incluye el cese total de actividades en el transporte público, según confirmaron gremios como La Fraternidad y UGATT.

El debate parlamentario se desarrolla en un clima de confrontación entre el oficialismo, la oposición y los sindicatos, con movilizaciones y protestas que anticipan posibles incidentes. El Gobierno sostiene que las medidas buscan preservar la integridad física de los trabajadores de prensa y garantizar el buen desarrollo del operativo, mientras que los gremios y entidades de prensa advierten sobre la pérdida de derechos laborales y la restricción de libertades fundamentales. El desenlace del debate y las protestas marcarán el futuro inmediato de la relación entre el Estado, los trabajadores y la sociedad civil.