La legisladora porteña Vanina Biasi, representante del Frente de Izquierda, enfrenta un proceso judicial impulsado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que la acusa de antisemitismo tras sus declaraciones críticas sobre el Estado de Israel y la dirigencia sionista en Argentina. En respuesta, la defensa de Biasi, encabezada por la abogada Liliana Alaniz, presentó el 30 de marzo una lista de 50 testigos de renombre nacional e internacional ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, con el objetivo de respaldar la postura de la legisladora y denunciar lo que consideran un intento de censura a la crítica política.

Entre los testigos propuestos se encuentran figuras como el historiador israelí Ilan Pappé, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el actor Norman Briski, así como dirigentes de organizaciones judías y activistas de derechos humanos. La defensa sostiene que la causa judicial se basa en una interpretación de la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), que, según Biasi, la DAIA intenta convertir en vinculante para judicializar las críticas al Estado de Israel.

Biasi ha sido enfática en su postura, afirmando: "No soy una víctima del sionismo, soy una combatiente contra el Estado que acaba de aprobar la pena de muerte para presos palestinos, del colonialismo de asentamientos y del genocidio". Por su parte, la DAIA rechazó enérgicamente las acusaciones, defendiendo su accionar durante la dictadura militar y señalando que "el prejuicio antisemita le impide a la diputada un análisis completo de hechos muy dolorosos de nuestra historia".

El caso se desarrolla en un contexto de creciente debate sobre la libertad de expresión, el antisemitismo y el antisionismo en la política argentina, especialmente en el marco de los 50 años del golpe militar y el actual conflicto en Medio Oriente. Organizaciones de derechos humanos y diversas figuras públicas han manifestado su apoyo a Biasi, mientras que la DAIA insiste en la gravedad de las declaraciones y en la necesidad de un abordaje respetuoso de la historia. El desenlace del proceso podría sentar un precedente relevante en la relación entre crítica política, libertad de expresión y la judicialización de los discursos en Argentina.