El Gobierno argentino ha decidido retirarse de la negociación salarial docente a nivel nacional, una medida que ha generado intensas reacciones en el ámbito educativo y político. Mediante el Decreto 341/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificó el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, delegando la responsabilidad de las paritarias al Consejo Federal de Educación (CFE) y a los gremios docentes con representación nacional. Sin embargo, el Gobierno mantendrá su poder de veto sobre los acuerdos que excedan los límites presupuestarios establecidos.

El decreto argumenta que esta decisión busca optimizar el gasto público y reducir la intervención estatal en áreas consideradas de bajo impacto. Según el texto oficial, la medida se enmarca en una política de desregulación y federalismo, destacando que las provincias son las principales empleadoras de los docentes y, por lo tanto, deben liderar las negociaciones salariales. No obstante, el Gobierno se reserva la potestad de rechazar acuerdos que no se ajusten al presupuesto del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y otros gremios docentes han expresado su enérgico rechazo a la medida, calificándola como un retroceso en derechos laborales y un ataque al federalismo educativo. "Eliminar la participación del Estado nacional en la paritaria docente es fragmentar aún más el sistema educativo y consagrar la desigualdad", afirmó CTERA en un comunicado. Además, los gremios han convocado a movilizaciones y exigen la derogación inmediata del decreto.

Por su parte, el Gobierno defiende la medida como un paso hacia un federalismo más auténtico y eficiente. "En el marco de las políticas de desregulación impulsadas por el Estado nacional, resulta esencial revisar la necesidad de determinadas funciones, garantizando una asignación de recursos más racional y efectiva", señala el decreto.

El debate sobre esta decisión se enmarca en un contexto de tensiones previas entre el Gobierno y los sectores educativos, incluyendo movilizaciones masivas contra recortes presupuestarios en universidades y escuelas. Analistas advierten que la medida podría profundizar las desigualdades entre provincias, mientras que otros destacan la necesidad de ajustar el gasto público en un contexto económico desafiante.

El impacto de esta decisión aún está por verse, pero promete ser un tema central en la agenda política y educativa de los próximos meses.