La crisis energética en Argentina se intensificó esta semana con cortes de gas que afectan a más de 120 industrias en distintas regiones del país, en medio de una ola polar que incrementa la demanda y expone las debilidades estructurales del sistema. Sectores clave como la minería, la producción de cal y la agroindustria enfrentan restricciones de hasta el 50% en el suministro, lo que obliga a recurrir a combustibles alternativos más costosos y pone en riesgo la continuidad operativa y el empleo.

Según datos del sector, la situación es especialmente crítica en el NOA y el litoral, donde la zafra azucarera y la cosecha de cítricos se ven amenazadas. La Unión Industrial de Tucumán responsabilizó al retraso en las obras del gasoducto Reversal del Norte, que impide transportar el gas producido en Vaca Muerta hacia el norte del país. "Estamos en el país del gas, pero no podemos transportarlo", lamentó Raúl Cabanay, gerente de Caleras San Juan, quien confirmó que la restricción actual es del 50% sobre los contratos en firme.

El encarecimiento del GNL, tras la quita de subsidios adicionales para uso industrial, agrava el panorama: en el NOA, el precio del gas alcanza entre 15 y 25 dólares por millón de BTU, frente a los 2-3 dólares en otras regiones. Luis Macario, titular de la Unión Industrial de Córdoba, advirtió que "hay gas, pero a costos siete veces superiores a los previstos".

En paralelo, el Gobierno impulsa en el Senado una reforma que recorta subsidios al gas en 11 provincias, lo que podría afectar a 1,6 millones de hogares y generar un ahorro fiscal de $272.000 millones. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia de gobernadores y legisladores del norte, que exigen compensaciones y advierten sobre el impacto social de la medida. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, criticó la propuesta y alertó sobre posibles aumentos de hasta el 100% en las facturas de gas para usuarios bonaerenses.

La crisis energética reaviva el debate sobre la necesidad de inversiones en infraestructura y la revisión de la política de subsidios, en un contexto de ajuste fiscal y presión por reducir el gasto público. Mientras tanto, la incertidumbre persiste en el sector productivo, que reclama soluciones urgentes para garantizar la continuidad de la actividad y el empleo.