Un brote de fentanilo contaminado ha provocado al menos 52 muertes y 90 infecciones en hospitales de Argentina, según confirmaron fuentes judiciales y sanitarias. El caso, que afecta a 19 centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe, involucra a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., actualmente bajo investigación por desvíos de calidad y posibles irregularidades en la producción y distribución del potente opioide.

El Hospital Italiano de La Plata fue la primera institución en alertar sobre la relación entre las muertes y la administración de fentanilo, tras detectar la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii en ampollas del medicamento. A raíz de estos hallazgos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria nacional y ordenó el retiro inmediato de los lotes contaminados, además de inhibir las actividades de los laboratorios implicados.

La Justicia federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ordenó allanamientos en laboratorios y droguerías, y requirió la entrega de todos los expedientes administrativos relacionados con desvíos de calidad en medicamentos producidos por HLB Pharma y Ramallo. Desde 2018, la ANMAT había registrado 133 reportes de desvíos de calidad en productos de estas firmas, lo que refuerza las sospechas sobre fallas sistemáticas en los controles de producción.

A pesar de la gravedad del brote, hasta el momento no se han formalizado imputaciones contra los responsables de la fabricación y distribución del fentanilo adulterado. La investigación judicial continúa con la recolección de pruebas y peritajes, incluyendo la revisión de los llamados "Batch Record" para determinar si se siguieron los protocolos de buenas prácticas de manufactura.

El Ministerio de Salud de la Nación implementó un canal de vigilancia activa para monitorear posibles nuevos casos y colabora estrechamente con la Justicia y la ANMAT. Familiares de las víctimas y organizaciones de pacientes exigen respuestas y sanciones ejemplares, mientras la causa permanece abierta a nuevas hipótesis, incluyendo la posibilidad de desvío de fármacos al mercado ilegal. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles en la producción y distribución de medicamentos críticos en el país.