La Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando el juicio político y la destitución del juez federal Alejandro Maraniello. La presentación, acompañada por los legisladores Marcela Campagnoli y Hernán Reyes, acusa al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos, principalmente por dictar una medida cautelar que prohibió la difusión de audios, chats y videos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Según los denunciantes, la decisión judicial constituye un acto de censura previa contra la prensa y vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión y acceso a la información pública. "La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar", expresó Reyes en redes sociales, subrayando la importancia de defender las instituciones y la transparencia en todos los poderes del Estado.

La denuncia también señala posibles vínculos de Maraniello con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y con laboratorios privados implicados en otros casos de corrupción, lo que, de confirmarse, podría suponer una violación de la independencia judicial. Además, el magistrado enfrenta cinco denuncias por abuso moral, sexual y violencia de género, presentadas por personal de su juzgado, y es señalado como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, entidad que, según la denuncia, formaría parte de una supuesta red de tráfico de influencias.

El caso se enmarca en un contexto de crisis institucional, tras la difusión de audios que involucran a funcionarios del gobierno en presuntas redes de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El Gobierno, por su parte, sostiene que la filtración de los audios es parte de una operación de espionaje ilegal destinada a desestabilizar la administración, y ha iniciado una investigación judicial paralela.

El debate sobre la medida cautelar de Maraniello ha generado fuertes críticas de juristas y asociaciones de prensa, que la consideran un precedente peligroso para la libertad de expresión. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura deberá decidir si avanza con el proceso de remoción del juez, en un caso que pone en el centro de la escena la relación entre justicia, poder político y derechos fundamentales.